Por: Esteban J. Figueroa Palacios
El papel de la infraestructura en la dinámica económica
La dotación de infraestructura suficiente y oportuna es una condición indispensable para el desarrollo de las vocaciones económicas de un país. Ninguna economía puede establecer un ciclo virtuoso de crecimiento si no dispone de energía, agua, vías de comunicación y servicios de telecomunicación y transporte eficientes. La inversión en infraestructura tiene múltiples efectos en la dinámica económica. Durante su construcción genera empleos y propicia una derrama económica que estimula a las economías de la región en la que se desarrolla y, de manera agregada, si se establecen programas de inversión en todo el país, su efecto se refleja en el crecimiento del producto interno bruto, por su notable efecto multiplicador. Una vez que las infraestructuras operan, contribuyen de manera determinante a la eficiencia de todos los sectores productivos, elevando su competitividad local y global.
Estas cualidades de la inversión en infraestructura las confirma Robert Zoellik, ex Presidente del Banco Mundial: “La clave pueden ser las medidas de estímulo. Si tomamos como ejemplo China en 1998, la inversión en infraestructura sirvió para crear empleo, pero también para sentar las bases de la productividad y el crecimiento futuro. Si creamos infraestructura que ponga a la gente a trabajar, puede ser una forma de unir retos de corto plazo con estrategias de largo plazo”.
Sin embargo, la tentación de invertir en infraestructura, por los bonos políticos que ofrece en el corto plazo, puede derivar en inversiones ineficientes o innecesarias. La crisis financiera mundial de 2008-2009, dio lugar a un consenso respecto a la necesidad de reactivar las economías del mundo mediante un rápido y enérgico programa de inversiones en infraestructura. El entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, afirmó: “Crearemos millones de empleos a través de la inversión más grande en infraestructura nacional desde la creación del Sistema Federal de Autopistas de los años 50”. Esta prisa, entonces justificada por la amenaza del estancamiento de las economías de los países más ricos del mundo, a menudo resulta en proyectos mal construidos o, en el peor de los casos, inútiles, pues no se ha entendido plenamente en el ámbito de la toma de decisiones políticas que un proyecto de infraestructura es de largo aliento, requiere no sólo grandes inversiones sino también tiempo para su estudio y materialización. Los plazos de desarrollo van de meses a varios años, antes de iniciar su construcción. La urgencia de las crisis no debe precipitar la ejecución de proyectos pobremente estudiados.
Para poder iniciar un programa ambicioso de inversión en infraestructura, en períodos posteriores o en medio de una crisis como la ocasionada por la pandemia del COVID, los gobiernos no deben perder la visión de invertir primero en la preparación de planes integrales que contemplen las necesidades futuras de la economía, atendiendo a la estrategia de desarrollo de todos los sectores productivos, en el desarrollo de planes específicos para cada tipo de infraestructura (transporte, energía, agua) y en la integración de carteras de proyectos, juiciosamente priorizados, que incluyan los estudios básicos, la ingeniería del proyecto constructivo y las negociaciones iniciales para la disposición de la tierra. Sin esta previsión, cualquier programa de inversión estará condenado si no al fracaso sí a la dilapidación de valiosos recursos públicos.
Importancia social de la infraestructura
La infraestructura juega un papel muy relevante en el bienestar de la población; el transporte urbano e interurbano, la dotación de agua potable y la disposición de las aguas servidas, la energía eléctrica, el manejo de los residuos sólidos, la provisión de servicios de salud, educación y abasto y los servicios de telecomunicación, requieren de proyectos que armonicen con la dinámica demográfica, que plantea grandes retos, no sólo por su, aún, constante crecimiento sino por la movilidad de la población que reconfigura permanentemente la imagen urbana de las ciudades medias y grandes del país, dando lugar a nuevas necesidades de infraestructura y servicios urbanos.
La infraestructura social, aquella dirigida a elevar la calidad de vida de la población, se ha considerado como uno de los dos factores clave, el otro es la educación, para combatir la inequidad social. Un reto para el desarrollo de este tipo de infraestructura es que gran parte de ella es responsabilidad de los gobiernos locales, que no siempre disponen de los recursos financieros ni de la fortaleza institucional para acometer las presiones que plantean las permanentes necesidades de las ciudades en crecimiento o la atención de déficits en pequeñas poblaciones que no disponen de muchos de los servicios básicos.
Elegibilidad de proyectos en períodos de recuperación económica
Las presiones de desarrollo de la infraestructura, como revulsivo de la recuperación económica, y la sempiterna escasez de recursos, exigen establecer criterios rigurosos, equilibrados y justos de selección de proyectos, para establecer prioridades sectoriales y regionales.
En general, los criterios toman en cuenta la eficiencia económica de los proyectos, privilegiando a aquellos cuyo aporte a la economía sea mayor por cada peso invertido. Sin embargo existen contribuciones intangibles pero altamente valoradas por la sociedad, que en muchos casos justifican la urgencia de un proyecto. Aquellos que contribuyen a preservar la salud de una población mal comunicada o la construcción de un camino que integra a una población con la estructura social del país, adquieren prioridad sobre otros que, por ejemplo, contribuyen sólo a hacer más eficiente una infraestructura existente.
Los criterios de jerarquización de un proyecto contemplan tres aspectos fundamentales: la contribución a la economía nacional en su conjunto, la aportación al desarrollo regional y el componente político y social. La importancia de cada uno de los tres aspectos para jerarquizar un proyecto varía en el tiempo, pues depende cada vez más de circunstancias de la economía global, del ambiente político nacional, de la sensibilidad social o de eventos que alteran la actividad económica, como la crisis de la pandemia. Indudablemente, las contribuciones del proyecto a la economía tanto nacional como local, deben tener un peso importante en la decisión, pero en circunstancias especiales los componentes políticos y sociales o las situaciones imprevistas adquieren gran relevancia. Es importante, sin embargo, que si en la decisión priman los criterios sociopolíticos o de emergencia, no signifique que el proyecto no haga contribuciones significativas a la economía sino que el factor político y social o la necesidad y urgencia impuesta por la emergencia sólo le está dando a un proyecto prioridad sobre otros.
